La trampa del macho alfa. Apuntes sobre el proceso electoral 2022 en Costa Rica

Después de una campaña marcada por la incertidumbre y el conflicto, el domingo 3 de abril, se celebró la segunda ronda electoral en Costa Rica. Esta, que enfrentó dos candidatos con sendos cuestionamientos, se vivió como una elección forzada. Un callejón sin salida. Llamados a votar por el mal menor, voto nulo o blanco, o la abstención, dominaron el discurso público días previos al balotaje. El triunfo de un candidato considerado outsider, Rodrigo Chaves, que obtuvo un 52,84% de los votos, con el apoyo mayoritario de la población de las costas y los sectores más empobrecidos del país, frente al 47,16% de José María Figueres, candidato que representaba al status quo[i], abre el espacio para numerosas interpretaciones, a la par que deja numerosas incógnitas acerca de qué esperar en el futuro.   

Para comprender esto, se debe tener presente que la primera ronda se desarrolló bajo un escenario electoral atípico. Por un lado, la mayor cantidad de partidos políticos presentando candidaturas para Presidente y Asamblea Legislativa en la historia; por otro lado, un alto porcentaje de personas indecisas a pocos días de la elección. Esta condición dejó mucho margen para el cálculo y, por ende, para la angustia. El temor de encontrarse nuevamente en un escenario como el de hace cuatro años, con un país dividido entre una propuesta conservadora cristiana de derecha y la oposición que sobrevino[ii], hizo de esa vuelta electoral un ejercicio de cálculo instrumental. La única certeza, repetida por numerosos analistas días previos al 6 de febrero, era que ninguna de las candidaturas era lo suficientemente sólida como para garantizar una victoria en primera ronda[iii].

Así las cosas, las personas candidatas afilaron sus estrategias de campaña en aras de conquistar al electorado indeciso, que al 2 de febrero eran tres de cada diez electores[iv]. La sorpresa de la jornada electoral fue el candidato Rodrigo Cháves del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), quien con un 16,70% logró superar las previsiones que ubicaban a Fabricio Alvarado del Partido Nueva República (PNR) o a Lineth Saborío del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)[v], quienes obtuvieron 14,82% y 12,36% respectivamente, como los posibles oponentes de José María Figueres del Partido Liberación Nacional (PLN); candidato que se especulaba con mayor posibilidad de llegar a la segunda ronda, conjetura confirmada al obtener el primer puesto con un 26,26% de los votos válidos[vi].

En ese sentido es particularmente ilustrativo el Estudio de Opinión Pública del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica[vii], publicado el 1 de marzo, que ahondó en las razones que brindaron los y las ciudadanas acerca de cómo decidieron su voto en la primera ronda[viii]. Interesa resaltar que un 58,5% de la muestra consultada, indicó que el factor que más influyó en su elección fue la personalidad del candidato(a), mientras que solo un 22% lo hizo por el partido político. Esto confirma que los partidos políticos han fracasado en la representación de las demandas de la comunidad, y, por ende, han dejado de ser referentes identificatorios para la ciudadanía.

Por tanto, si se parte del principio de que seis de cada diez personas votaron por rasgos del candidato, el hecho de que en la primera ronda no hayan pesado las denuncias, en el caso de Figueres, de haber recibido dinero proveniente de sobornos por contratos entre una empresa extranjera y el Instituto Nacional de Electricidad (ICE), y en el caso de Chaves, en la primera y segunda ronda, de haber sido sancionado por el Banco Mundial por acosar sexualmente a mujeres[ix], parece indicar que para algunos sectores de la ciudadanía estos temas no se perfilan como relevantes, o peor aún, que normalizan la corrupción y el acoso sexual. Este gesto, si bien fue leído por algunas personas como desconcertante, confirma las fracturas antagónicas que operan a lo interno de nuestra comunidad política, a la par que brinda una imagen precisa de cuál es el tipo de sociedad a la cual estos sectores aspiran. Deja en claro las líneas de amistad y enemistad.

Ahora bien, una vez que se analiza en detalle los resultados de la segunda ronda, se observa que pesó más en la decisión de los y las votantes, las denuncias de corrupción, que la sanción por acoso sexual de Chaves[x], aunque este también fue señalado por la creación de dos estructuras paralelas de financiamiento para la campaña. Sin embargo, frente a estos cuestionamientos, Chaves en todo momento desconoció estas estructuras y acusó a miembros de su propia campaña de haber ejecutado estos movimientos[xi], a la par que desvió la atención atacando a la política tradicional, de la cual Figueres es un claro exponente. En ese sentido, Chaves tenía la ventaja de que su oponente, no pudo sacudirse el peso de su pasado, no solo como presidente, sino como figura pública. Esto es particularmente evidente cuando se observa que un 49,1% de la muestra consultada en el estudio mencionado, indicó que la opinión que tiene de Figueres es mala, en contraste con un 27,4% en el caso de Chaves[xii]. Así, la expectativa de un cambio radical jugó a favor de Chaves, principalmente en los sectores más empobrecidos del país, territorios en los que sacó mayor ventaja[xiii].

A esto se le suma el encanto que produjo su discurso incendiario en una sociedad que desde hace décadas viene demandando la llegada de un líder que resuelva los problemas estructurales que arrastra el país. En esa línea, Chaves ha evidenciado un profundo desconocimiento de la institucionalidad del país, que tiene por consecuencia que prometa cosas que el ordenamiento jurídico no permite, como lo es su propuesta de realizar referéndums de forma constante.  Esta, que no solo es inviable en términos presupuestarios, deja entrever que el presidente electo y su equipo desconocen la Constitución Política, ya que muchos de los temas que han mencionado llevar a consulta están prohibidos por ley, como lo son la jurisdicción o potestades de los magistrados en la Sala Constitucional, pensiones, temas presupuestarios, Derechos Humanos (DD.HH.), entre otros. Todo esto requeriría una reforma constitucional, lo que no se ve como un escenario factible, en tanto su partido no tendría mayoría legislativa y se vería obligado a negociar con la oposición. No es casualidad que inmediatamente después de haber sido declarado electo, ha procurado acercarse al Partido Liberación Nacional (PLN)[xiv], aunque Figueres ha indicado que quien quiera formar parte de la nueva administración, lo hará solamente a “título personal”[xv].

Otra posibilidad, todavía más siniestra, es que Chaves esté dispuesto a desafiar el orden jurídico, lo que abre escenarios escalofriantes. El hecho de que todavía no haya logrado presentar un equipo de gobierno y que esté recibiendo currículums para nombrar a los más de 1000 funcionarios que se requieren para el gobierno central[xvi], no solo da cuenta de la falta de organización de su propio partido, creado apenas hace cuatro años, sino de la centralidad que tiene Chaves en tanto líder. El constante ataque al sometió a los medios de comunicación, calificándolos como “medios de difamación”[xvii] o “medios canallas”[xviii], las acusaciones infundadas que dio su mano derecha, la diputada electa Pilar Cisneros, acerca de la posibilidad de un fraude electoral[xix], las amenazas de destitución del Consejo Superior de Educación en pleno por su aparente adhesión a la “ideología de género”[xx], junto con un estilo discursivo en el que se representó como un candidato outsider que confronta y hace grandes promesas[xxi], hace que sea inevitable la asociación con Trump, Bolsonaro o Bukele. No es casualidad que su slogan de campaña haya sido “me como la bronca”[xxii], frase que explícitamente señala el carácter netamente antagónico con el que cautivó a sus votantes, mismos que a su vez, lo calificaron como “macho alfa”[xxiii]. Esto enciende las alarmas, en tanto supondría un menoscabo del sistema de pesos y contrapesos de una República basada en la división de poderes[xxiv].

A pesar de esto, algunos de sus defensores han apuntado al carácter conciliatorio de su discurso de victoria del domingo, indicando que los acercamientos que ha tenido con diferentes figuras políticas dan cuenta de un giro del discurso incendiario de derechas a uno menos confrontativo[xxv]. Sin embargo, la volatilidad de sus posiciones y la ausencia de propuestas concretas en temas centrales para el país y el planeta, como lo son la crisis climática y las violaciones contra los DD.HH., en particular contra mujeres y personas de los colectivos LGBTI+, parecen confirmar estas semejanzas.

Con respecto a la crisis climática, Costa Rica lanzó, desde el año 2019 el Plan Nacional de Descarbonización[xxvi], que compromete al país a convertirse en una economía descarbonizada y con cero emisiones netas al año 2050, con base en los Acuerdos de París y que ahora debe contemplar los nuevos cimientos aportados por las medidas recién tomadas en el contexto de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26)[xxvii]. Esta meta, que debe ser asumida por Chaves, parece no estar en los planes del gobierno recién electo, quien no ha presentado ninguna propuesta concreta sobre como actuaría su administración en este punto. Tampoco hace referencia al plan actual de descarbonización[xxviii], que se enfoca prioritariamente en la eliminación de las emisiones del sector de transporte y en la construcción de un sistema de transporte ferroviario ligero en el Área Metropolitana de San José[xxix].

Lo que sí plantea Chaves en su plan, es que continuará con los esfuerzos para reducir las emisiones de carbono y el interés en convertir a Costa Rica en una economía neta cero, pero no da detalles de cómo lo lograría. Tampoco parece tener claridad con respecto a la introducción de modelos neoextractivistas, si bien ha mostrado desinterés por la exploración petrolera, no ha sido así con el gas natural. Su propuesta gira en torno a los bonos verdes y los créditos de carbono, aunque tampoco brinda algo concreto. Finalmente, si bien en la campaña respaldó la creación de una red ferroviaria moderna, se opone a la diseñada por la actual administración, dejando en un limbo el futuro de este proyecto[xxx].

Con respecto a la defensa y ampliación de los DD.HH. de mujeres y personas LGBTI+[xxxi], Chaves ha mostrado una absoluta falta de empatía y sensibilidad frente a esta problemática. No solo por la desestimación constante que realiza a su sanción por acoso sexual, práctica a la que calificó como “humor” mal entendido[xxxii], sino porque ha puesto en duda el carácter delictivo y penalizado del mismo[xxxiii]. La afirmación de que la interpretación de un “piropo” es “subjetiva”[xxxiv], junto con la publicación reciente de extractos de un texto utilizado durante el juicio de su divorcio, en el que califica a las mujeres como “animal de pelo largo, pero de inteligencia corta”[xxxv], han sido denunciadas, rechazadas y repudiadas de forma masiva por colectivos feministas[xxxvi], quienes, con justa razón, reclaman la presencia y aceptación de un presidente con posiciones misóginas. En ese sentido, el hecho de que se haya abstenido de firmar una carta de compromiso en defensa de los derechos de las mujeres promovida por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), alegando que ahí se incentiva el aborto y el género fluido, y que frente a esta oposición, ha sido objeto de “cultura de cancelación” por ser calificado de cavernícola y misógino, no deja mayor margen de interpretación[xxxvii]. En esa línea, los colectivos feministas han comenzado desde ya a externar su oposición y se ha convocado a una marcha para el día de traspaso de poderes, 8 de mayo[xxxviii].

 Así, se pretende marcarle un límite a un presidente que parece no dimensionar la gravedad de los indicadores de violencia de género en el país. Según datos del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, en el 2020 se contabilizaron 28 feminicidios y se solicitaron 341,382 medidas de protección, para un promedio de 186 por día. En la mayoría de los casos, estas medidas se demandan contra hombres (pareja sentimental, cónyuge, hermano, padre, tío, abuelo, novio, primo, entre otros)[xxxix]. Sobre estos temas no hay ni una sola mención en su programa de gobierno, el cual solamente propone de forma escueta que en materia de género incentivará la participación femenina en la fuerza laboral, lo que deja muy claro qué se podría esperar en un futuro mandato[xl].

Esta tendencia no parece cambiar cuando se le consulta por algún tema relacionado con las poblaciones LGTBI+. En un guiño destinado a captar el voto cristiano conservador, Chaves recurrió al uso de la expresión “ideología de género” para indicar que no está de acuerdo con los contenidos del Programa de Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral[xli] del Ministerio de Educación Pública (MEP), que después de muchas décadas de debate y oposición por parte de sectores conservadores y religiosos, como la Iglesia Católica y otras denominaciones cristianas, fue aprobado en el 2017. Sus ejes transversales son el respeto a los DD.HH., diversidades, interculturalidad, entre otros; demostrando tener una incidencia mayúscula en la disminución del embarazo infantil y adolescente[xlii]. Sin embargo, para el economista, este tipo de “ideologías” no corresponden con los valores costarricenses, por lo que amenaza con intervenir al MEP y destituir al Consejo Superior de Educación, como fue señalado previamente[xliii]. Inclusive, ha firmado una declaración en la que se compromete con pastores evangélicos a revisar los decretos de Fertilización in vitro y la norma técnica para el aborto terapéutico[xliv]. Esto ha generado la reacción de diversas organizaciones que defienden los DD.HH. de estas poblaciones, haciendo un llamado a no utilizarlos como moneda de cambio[xlv].

Así las cosas, se perfila un escenario de gobierno con altos niveles de conflictividad social. La ausencia de una hoja de ruta clara, de un equipo de gobierno definido, y la centralidad que tiene Chaves como líder, genera preocupación. Su paso por el Ministerio de Hacienda no brinda señales alentadoras. Su estilo de liderazgo lo llevó a destituir funcionarios, generando sendas dificultades en su accionar, provocando su posterior renuncia[xlvi]. Aunado a esto, la legitimación de la violencia machista a partir de su desprecio explícito de las mujeres y colectivos LGBTI+, hace temer que haya un retroceso cultural e institucional en la protección de los DD.HH. de poblaciones minorizadas. Finalmente, el hecho de que sea presidente electo en medio de una alta abstención (42,8%) y que su apoyo real sea solo de un 28,7% del electorado[xlvii], brinda una imagen clara de un gobierno que sin iniciar, tiene como principal reto la poca representatividad de su elección.

En conclusión, los próximos cuatro años parecen ser decisivos para el futuro de una nación, que en este momento, es la economía más desigual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE)[xlviii], que presenta un incremento notable en la criminalidad asociada al narcotráfico[xlix], y que en conjunción con un enorme descontento social y político; lejos de organizarse y demandar posibles soluciones al corto o mediano plazo, parece más bien haber optado por elegir a un presidente que, hasta el momento, sin haber iniciado su mandado, solamente se ha dedicado a incrementar el conflicto y la hostilidad. Alea iacta est.